Al promotor Enrique Bañuelos y a su proyecto estrella BCN World les ha entrado un piedra en el zapato. El caso es que la tensión política que sacude Cataluña a cuenta de la consulta independentista ha acabado ralentizando el proceso de la mayor inversión que se plantea en la comunidad: 4.500 millones de euros en un complejo de ocio y juego situado en Tarragona, junto a Port Aventura.
El problema no deriva de que Cataluña pueda ser independiente. En teoría, el hecho de que dicha región estuviera separada de España ni ayudaría ni perjudicaría a un modelo de negocio basado en turismo exterior, básicamente proveniente de Asia, que vendría a jugar a los megacasinos de Tarragona. La clave es la incertidumbre: para que prospere su proyecto, Bañuelos necesita un Gobierno fuerte en la Generalitat y en cambio, no sólo soporta ahora un Ejecutivo débil, sino que ni siquiera sabe quién estará en el Consell Executiu a final de año, según explican fuentes financieras cercanas al proyecto.
La consulta del 9-N y sus imprevisibles consecuencias políticas –¿elecciones anticipadas?, ¿entrada de ERC en la Generalitat?, ¿suspensión de la autonomía?– hacen que Bañuelos y su grupo de inversores no sepan a qué atenerse. Para empezar ya han prorrogado la opción de compra sobre los terrenos que les debe vender La Caixa.
La opción venció el pasado 31 de julio y el holding de Bañuelos, Veremonte, ha negociado un aplazamiento hasta el 10 de diciembre, a la espera de que tras la consulta se despeje en el horizonte. Aunque esta maniobra podría no ser suficiente: el desembolso previsto se cifra en 380 millones de euros, pero nadie quiere poner esa cantidad sobre la mesa si no hay un marco político más definido que el actual.
La Generalitat también está enfriando el asunto. El concurso en que participan Bañuelos con Hard Rock Café y los chinos Melco Crown compitiendo conInverama va a ir más lento, aseguran fuentes financieras conocedoras del proceso, porque después del escándalo de la familia Pujol el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, quiere ser cuidadoso con la adjudicación para evitar problemas.
Sin terrenos ni licencias de juego
Fuentes de Veremonte han asegurado que el interés de Bañuelos y de sus inversores –Melià, Value Retail, Port Aventura y otros– por el proyecto sigue intacto, al margen de los avatares de la situación política catalana.
Pero su problema radica en que, hoy por hoy, Bañuelos no tiene activos. Hasta que ejerza la opción, Veremonte no cuenta con los terrenos y hasta que se decida el concurso que debe otorgar la Administración carece de las licencias de juego que ponen en valor toda la operación a ojos de los inversores internacionales.
Un proyecto cogido con pinzas
De manera que una confluencia de factores (de la posible consulta al escándalo sobre la familia Pujol, pasando por la debilidad acusada del ejecutivo de Artur Mas) hace que incluso se pueda pensar que la prórroga que se ha solicitado no será suficiente. Muchos millones para tanta inseguridad. Todo el proyecto está cogido con pinzas, en buena parte por la dinámica política en que se ha metido la Generalitat apoyando el proceso secesionista.
Incluso las autoridades de Bruselas han pedido estudiar la operación si bien, en principio, no estaría sujeta a autorización comunitaria. La clase política catalana siempre puso de ejemplo a BCN World como muestra de que la comunidad continuaba resultando interesante para los inversores internacionales pese a pedir la independencia. El ejemplo sigue sirviendo. Pero las complejidades de la realidad y la dificultad del proceso hacen muy difícil que no afecten para nada al mundo de la economía.
